El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión que pone fin a las demandas individuales por daños económicos contra los guardias de prisión que infrinjan la libertad religiosa de los reclusos.
Con una votación de 6-3, el tribunal más alto del país desestimó la demanda de Damon Landor, un hombre de fe rastafari que fue esposado y rapado a la fuerza por los oficiales de una cárcel en Luisiana, destruyendo así sus rastas que había cultivado durante más de 20 años.
Según informó la agencia de noticias Reuters, la mayoría conservadora de los jueces concluyó que la Ley sobre el Uso Religioso de la Tierra y Personas Institucionalizadas (RLUIPA, por sus siglas en inglés) de 2000 no permite que los prisioneros reclamen compensaciones económicas directas a los funcionarios penitenciarios de manera individual.
Los detalles de lo sucedido en Luisiana son impactantes
En 2020, en el Centro Correccional Raymond Laborde, ubicado en Cottonport, Luisiana, durante las últimas semanas de una condena de cinco meses por posesión de drogas, Landor comunicó a los guardias su fe y les mostró una copia de un fallo judicial anterior que protegía el derecho de los rastafaris a mantener su cabello largo en las prisiones de ese estado.
Sin embargo, un guardia desechó el documento sin más.
Luego, los oficiales esposaron a Landor a una silla y le afeitaron la cabeza por completo. Para los rastafaris, las rastas son más que un estilo; representan un pacto sagrado y son la manifestación física de su devoción a Dios.
Un debate técnico sobre la ley federal
El dictamen de la mayoría, redactado por el juez Neil Gorsuch, se centró en los aspectos técnicos de la legislación y en los límites del poder regulatorio del Congreso bajo la Cláusula de Gasto de la Constitución.
Según reporta la agencia Associated Press (AP), el tribunal dictaminó que, dado que las autoridades estatales nunca dieron su consentimiento explícito para enfrentar demandas civiles de este tipo al recibir fondos federales, el caso de Landor no puede prosperar en el ámbito federal.
Por su parte, las tres juezas liberales del tribunal manifestaron su firme desacuerdo. De acuerdo con lo reportado por The Guardian, la jueza Ketanji Brown Jackson escribió en el voto de minoría que esta decisión deja a los prisioneros "sin recursos" ante abusos flagrantes contra su libertad religiosa, restando incentivos a los funcionarios para cumplir con las normativas federales.
A pesar del revés en el sistema federal, el estado de Luisiana modificó recientemente sus políticas de aseo interno para evitar incidentes similares en el futuro, y los abogados de Landor confirmaron que aún conserva la opción de buscar justicia mediante demandas por negligencia y daños emocionales en los tribunales estatales.
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